Por: Margarita Flórez, directora de la ONG Ambiente y Sociedad
Basándonos en la presentación realizada esta semana de la comisión sobre el fracking, en donde se mostraron sus consideraciones y acuerdos, quedó muy claro que hay tres elementos que deben aplicarse a cualquier proyecto. El primero es la falta de información científica que sirva de base para la toma de decisiones; el segundo tiene que ver con la dificultad para acceder a la información, aún para los integrantes de la comisión encargados por el Gobierno, y el tercero, la baja capacidad institucional para el seguimiento de los proyectos.
Si bien se asegura que el Estado ha puesto en práctica las normas sobre la información en materia ambiental pública, disponible, homologable etc. son frecuentes los casos en que los datos son insuficientes, o contradictorios. Sin ir más lejos los indicadores de medición sobre deforestación son objeto de revisiones permanentes y de glosas por no incluir realidades documentadas. Y eso que el IDEAM, así como los otros institutos, han hecho un trabajo arduo y creemos sobre su confiabilidad en ese y otros temas. Pero cada entidad maneja datos y parece ser que no son homologables, con lo cual uno se pregunta si falta mayor esfuerzo de coordinación entre los generadores de conocimiento científico, si a la hora de necesitarlos no aparecen, o si surgen discrepancias.
Y es que el tema de cuál información está disponible, dónde se encuentra, cuán verídica es, está directamente relacionado con el derecho al acceso a la información y a la participación ciudadana en materia ambiental. Las mediciones sobre información suministrada que se realizan anualmente por parte de las entidades como parte del cumplimiento de su plan anual, en muchos casos no pasa de ser un recuento del número de peticiones, y el número de respuestas, con los cuales se elaboran coloridas presentaciones, flujogramas, pero se deja de lado la cantidad y calidad de dicha información. Y ante la carencia de información la opinión de los habitantes de sus territorios que se expresa en movilizaciones sociales o derechos de petición se califica como no técnica. Pero si quienes están por ley encargados de suministrarla no la tienen, menos se les puede exigir a la ciudadanía certeza científica.
Lo que sí ofrecen es conocimiento del territorio, de sus recursos, y expresan con todo derecho dudas o rechazo por los impactos que se puedan llegar a causar. El otro derecho, el de participar, también ha ido quedando relegado ante la disminución en el número de espacios institucionales para escuchar siquiera a la gente, causado por la disminución de los términos de los también disminuidos casos en que el licenciamiento ambiental se requiere. Con lo cual el ejercicio de este derecho se limita, y se empobrece la democracia y aumenta el riesgo de conflictos socio ambientales.
Si realmente queremos aprender a discutir pongamos las cartas sobre la mesa para jugar el mismo juego, y oigamos a todos, y entre todos. Que el reclamo por la información y la participación no se vea como una amenaza sino como la realización de derechos, en un Estado que todavía se proclama como garante de ellos.
Este pronunciamiento sobre el fracking, se hace cerca al 4 de marzo primer aniversario de la adopción del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América latina y el Caribe, por parte de 24 Estados de América Latina y el Caribe, incluido el de Colombia, que todavía no lo firma. Es la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 (Varios Estados, 1992 a y b). Este principio establece que los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales son esenciales. Dicho Acuerdo “es el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y el primer instrumento vinculante en el mundo en el que se reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente”. Reafirmamos la tesis de que los derechos de acceso a la información y a la participación son una herramienta para la prevención y la solución de conflictos socio ambientales.
Sobre el caso del fracking se ha desplegado una resistencia social a estos proyectos que han sido catalogados como intereses creados frente a afirmaciones que sostenían que su impacto era muy bajo. Ahora después del dictamen de esta comisión creemos que se ha supeditado el proyecto piloto a una serie de condiciones, entre la cuales está precisamente subsanar las graves falencias en materia de información, participación y seguimiento que existen.
Esperemos que el gobierno colombiano por los menos oiga a la comisión que convocó y que coloque una luz amarilla entre otros, a temas de ciudadanía.
